Ecuador volvió el lunes a la calma, tras acordar el gobierno y el movimiento indígena el fin de la crisis causada por el furioso rechazo a medidas de austeridad, y tenía por delante la difícil tarea de reparar los daños que dejaron 12 días de protestas.
Quito se volvió escenario de violentas protestas por la eliminación de subsidios a combustibles que el gobierno había pactado con el Fondo Monetario Internacional a cambio de créditos por 4.200 millones de dólares.
La Defensoría del Pueblo contabilizó ocho muertos en las protestas y más de 1.400 heridos. Las pérdidas fueron estimadas en al menos 1.500 millones de dólares, según el Comité Empresarial.
Los alrededores de la Asamblea Nacional y de la casa presidencial fueron campo de duras batallas donde se sembró la destrucción.
Moreno decretó el estado de excepción y tuvo que trasladar la sede del gobierno a Guayaquil.
