Este lunes, el gobierno de Estados Unidos anunció la incautación de un avión perteneciente al presidente venezolano Nicolás Maduro, alegando que el jet violó las sanciones impuestas por el país norteamericano. La aeronave, un Dassault Falcon 900EX, fue trasladada desde Santo Domingo, República Dominicana, a Fort Lauderdale, Florida.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informó que el avión fue adquirido de manera ilegal por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y contrabandeado fuera de Estados Unidos para el uso de Maduro y sus allegados. Según Garland, las investigaciones señalan que individuos vinculados a Maduro utilizaron esta empresa con sede en el Caribe para esconder su participación en la compra ilícita del jet.

El avión fue detectado por el portal de rastreo de aeronaves Flight Radar 24, que mostró su vuelo de Santo Domingo a Fort Lauderdale en la mañana del lunes. Además, Estados Unidos sostiene que la aeronave fue exportada ilegalmente desde su territorio a Venezuela a finales de 2022 y que desde mayo de 2023 ha volado principalmente hacia y desde una base militar venezolana.

La crisis política en Venezuela se ha intensificado desde las elecciones del 28 de julio, donde Maduro fue declarado ganador de un tercer mandato pese a las acusaciones de irregularidades, incluidas denuncias de que la oposición obtuvo una victoria aplastante. La falta de un recuento de votos por parte del gobierno y la violencia que siguió a las protestas poselectorales, que dejó 27 muertos y casi 200 heridos, han exacerbado el descontento.

En respuesta a estas tensiones, la Administración de Joe Biden ha sostenido que la incautación del avión “es un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su desgobierno”. Ambos, EE.UU. y la Unión Europea, así como varios países latinoamericanos, han rechazado reconocer la victoria de Maduro sin un análisis detallado de los resultados electorales.

Desde 2005, Washington ha impuesto una serie de sanciones a individuos y entidades en Venezuela por presuntas violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción. Bajo la administración Trump, estas sanciones se ampliaron para incluir medidas financieras, sectoriales y del gobierno.

Hasta el momento, el gobierno de Caracas no ha emitido una respuesta oficial respecto a la incautación del avión.

            

#NoticiasSertv