El Gobierno Nacional anunció la creación de la Unidad de Coordinación Legal, una instancia especializada que tendrá como objetivo asistir y representar jurídicamente a los ministerios y entidades públicas en aquellos casos que requieran la interposición de procesos penales en calidad de querellante.

Esta nueva unidad busca fortalecer la capacidad del Estado para actuar de manera más eficiente en procesos judiciales donde se hayan afectado intereses públicos, permitiendo una acción legal más coordinada y efectiva frente a delitos que involucren recursos, bienes o actuaciones estatales.

La Unidad de Coordinación Legal tendrá como funciones principales: Brindar asesoría jurídica a las entidades públicas en materia penal, Representar al Estado como querellante en procesos que así lo ameriten, Coordinar acciones legales con las autoridades correspondientes y los equipos legales institucionales y Promover una respuesta unificada del Estado ante casos que generen perjuicio a la administración pública.

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Esta decisión forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo por reforzar el marco institucional de transparencia y lucha contra la impunidad, asegurando que los recursos públicos estén protegidos y que las entidades cuenten con el respaldo legal necesario en casos de interés penal.