La Junta Directiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), luego de cumplir con el debido proceso, rechazó los descargos presentados por la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L., y procedió a cancelar su personería jurídica ante hallazgos graves que atentan contra la transparencia e integridad del sistema cooperativo panameño.
Cabe señalar que a la cooperativa se le otorgó la oportunidad de presentar sus descargos, así como los recursos de reconsideración y de apelación. Sin embargo, no aportó elementos suficientes ni logró desvirtuar los hallazgos derivados de las supervisiones realizadas desde el año 2017 hasta la fecha. Por lo tanto, la decisión adoptada en la Resolución D.E/A.L./N.° 079/2025, anunciada el pasado 20 de mayo de 2025, se mantiene vigente.
En atención al debido proceso, entre los hallazgos identificados por el IPACOOP se encontraron violaciones graves a la Ley N.° 23 del 27 de abril de 2015, así como violaciones reiteradas, lo que resultó en una situación financiera crítica para la cooperativa.
Se determinó que la Cooperativa SUNTRACS no contaba con una matriz de evaluación de riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo ni de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, se comprobó que no clasificaba a sus clientes por niveles de riesgo, como exige el marco legal vigente, y se evidenció la inexistencia de un sistema de monitoreo efectivo, lo cual afectaba su capacidad para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
Entre otras irregularidades, se constató el incumplimiento de requisitos esenciales de debida diligencia, como expedientes sin sustentación del perfil financiero, desconocimiento del origen de fondos, ausencia de determinación del beneficiario final y falta de diligencia en la evaluación de los directivos de sociedades que eran asociadas o clientes, lo que constituye una evasión de responsabilidades como sujeto obligado.
Con base en los resultados de las auditorías, la Junta Directiva del IPACOOP notificó además que la cooperativa no contaba con cuentas bancarias funcionales, lo que le impedía operar de manera segura dentro del sistema financiero. También se detectó un exceso de concentración de créditos en préstamos a terceros, lo que agravaba su situación.
