El equipo legal del ministerio de Desarrollo Social (MIDES), presentó hoy una denuncia penal ante el Ministerio Público, para que se investigue el hackeo a su sistema informático que afectó los servidores, donde reposa información sensitiva, relacionada con los diferentes programas sociales que desarrolla la institución a favor de las poblaciones más vulnerables.
Durante la diligencia el director de Asesoría Legal del MIDES, Giovanni E. Ruíz Obaldía, presentó un informe completo a las autoridades sobre la agresión registrada. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, ubicada en el edificio Avesa, en Vía España.
El director de Asesoría Legal, explicó que el pasado miércoles 6 de enero de 2021 varios equipos del MIDES fueron comprometidos, a través de un ataque informático sofisticado.
El ataque inhabilitó varios servidores de ayuda social, entre los que está el Registro Nacional de Beneficiarios, mismo que brinda servicios a diferentes Programas de Transferencia Monetaria Condicionada tales como Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y bono alimentario SENAPAN.
El gobierno nacional informa a la ciudadanía que este ataque NO afectará los pagos de sus diferentes programas que brindan protección y seguridad a poblaciones y condena de forma enérgica esta acción que golpea a los más necesitados.
El equipo de Tecnología del MIDES, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y proveedores especializados de seguridad informática están trabajando las 24 horas en actividades de recuperación a fin de restablecer el sistema.
Las fechas preestablecidas de pago para el 2021, serán cumplidas según lo programado, siendo marzo el mes para el realizar del 1er desembolso. El MIDES, mantendrá sus programas funcionando y listos para atender a los grupos que se encuentran en pobreza o pobreza extrema.
Confiamos que las autoridades judiciales aplicarán el debido proceso y realizarán todas las gestiones pertinentes, en beneficio de la población que resultó afectada por el delito informático.
