El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al estado actual de la deuda pública, que asciende a 57 mil millones de dólares, señalando que esta representa una carga significativa para las finanzas del Estado, principalmente por el alto volumen de intereses que deben pagarse anualmente.
“Cuando se duplicó la deuda durante la pandemia, nadie dijo nada. Hoy, el servicio de esa deuda, solo en intereses, representa un esfuerzo enorme para el país, estimado en alrededor de 6 mil millones de dólares al año, lo que antes equivalía casi al presupuesto total de inversiones”, puntualizó el mandatario.
A pesar del contexto de estrechez fiscal, el Gobierno ha logrado mantener un nivel histórico de inversión pública, proyectando 11,200 millones de dólares en inversiones para este año.
El presidente informó que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se encuentra en Washington, reuniéndose con representantes de la banca internacional y organismos de crédito, con el objetivo de reafirmar el compromiso de Panamá con sus obligaciones financieras.
“Siempre hemos cumplido con nuestros compromisos. Estamos haciendo esfuerzos, en algunos casos dolorosos, para reducir el gasto operativo del Estado, aunque hay partidas que no pueden recortarse fácilmente, como los aumentos automáticos por leyes especiales o convenciones colectivas”, explicó Mulino.
El mandatario reconoció que, aunque existen gastos inflexibles, se está haciendo un esfuerzo para controlar el crecimiento del gasto público donde sea posible, mientras se avanza en mejoras en la recaudación fiscal y en la lucha contra la evasión, con el fin de asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.
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Mulino también destacó la mejora en la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB).
“Yo heredé un déficit de 7.5% del PIB, y este año hemos logrado reducirlo a 4.5%, lo cual refleja una gestión fiscal responsable”, afirmó.
El Gobierno reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la disciplina fiscal, manteniendo la inversión pública, y asegurando el cumplimiento de las metas económicas que garanticen estabilidad y credibilidad ante los organismos internacionales.
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