Ginebra (EFE).- El traslado forzoso de miles de niños ucranianos a zonas ocupadas por Rusia y a decenas de divisiones administrativas del país agresor -algunos a zonas tan alejadas como el Ártico o Asia Central– constituye un crimen contra la humanidad.

Es la conclusión del informe elaborado por una comisión investigadora de la ONU, que esta semana se publicará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Más de 1.200 traslados documentados

El documento de la Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania recoge pruebas de al menos 1.205 transferencias a zonas ocupadas de Ucrania o deportaciones a Rusia de menores de entre 11 meses y 17 años, de los que un 80 % aún no han regresado.

En investigaciones anteriores, la comisión de tres expertos, presidida por el noruego Erik Mose, ya había concluido que estos traslados constituían crímenes de guerra, pero ahora ha elevado sus acusaciones a crímenes contra la humanidad, al interpretar-entre otras razones- que se llevaron a cabo de forma extensa y sistemática.

“Las autoridades rusas en los niveles más altos, incluido el presidente (Vladímir) Putin y entidades que responden directamente ante él, han coordinado las modalidades prácticas para llevar a cabo estas deportaciones y traslados”, sostiene el informe de 17 páginas.

Según sus datos, de los 1.205 casos confirmados al menos 995 fueron trasladados a la fuerza desde las zonas ocupadas de Lugansk y Donetsk a territorio ruso poco después de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Los niños procedían de cinco oblasts de Ucrania (Donetsk, Lugansk, Mikolaiv, Jersón y Járkov) y las autoridades rusas justificaron su traslado como una evacuación para garantizar su seguridad.

Sin embargo, señala la comisión, muchos de estos traslados no fueron temporales como competiría a una evacuación, “y por el contrario las autoridades rusas al más alto nivel coordinaron acciones para facilitar la estancia a largo plazo de los niños en Rusia”.

Adoptados o recluidos en internados

La mayoría de los niños fueron dados en adopción o internados en instituciones de al menos 21 divisiones administrativas a lo largo de toda la geografía rusa, incluyendo familias en zonas próximas al Ártico (Murmansk, Yamalo-Nenets) o Siberia (Tyumen, Omsk, Novosibirsk).

Por otro lado, los investigadores de Naciones Unidas condenan que en la mayoría de los casos las autoridades rusas no han informado a padres, tutores, familiares o autoridades ucranianas de estos traslados.

Según el informe, estas circunstancias y el modo coercitivo en el que muchos de los menores han sido trasladados demuestran que los menores han sido víctimas de desaparición forzada, otro motivo para considerar que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad.