El gobierno y la oposición de Venezuela volverán este miércoles a medir sus fuerzas en las calles, en un ambiente caldeado por pequeñas protestas desatadas tras la sublevación de 27 militares que desconocieron al presidente Nicolás Maduro.

Unos 30 lugares de Caracas y sus cercanías registraron protestas, disturbios, bloqueos de calles con quema de basura, saqueos de encapuchados a unos cuantos negocios y cacerolazos, según reportes de vecinos y del privado Observatorio de Conflictividad Social.

“¡Y va a caer, y va a caer!”, gritaron manifestantes en el popular barrio Catia, en el este. Cuadrillas de trabajadores limpiaban este martes los escombros en la capital.

La situación estalló el lunes luego de que, en medio de intensos llamados de la oposición a la Fuerza Armada para que rompa con Maduro, 27 militares robaron armas de un cuartel y se atrincheraron en un destacamento en Cotiza (norte de Caracas), donde fueron detenidos.

Aumentando la tensión, los opositores se preparan para manifestarse el miércoles contra lo que consideran un presidente “usurpador” y exigir un gobierno de transición y elecciones.

“La única transición en Venezuela es hacia el socialismo”, refutó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, al llamar a los seguidores del gobierno a marchar masivamente en distintos puntos del país.

Será el primer gran pulso en las calles tras las violentas protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017, en medio de la peor crisis en la historia moderna del país petrolero, con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta 10.000.000% para 2019. 

– Llamado a la Fuerza Armada –

En este contexto, el Parlamento, de mayoría opositora, debatirá este martes el marco legal de su propuesta para instaurar un gobierno de transición, que incluye el ofrecimiento de amnistías a militares que desconozcan a Maduro.

La sesión desafía una sentencia que dictó el lunes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, de línea oficialista), que declaró nula la junta directiva parlamentaria presidida por Juan Guaidó y reiteró el fallo judicial de 2016 que declaró en desacato al Parlamento y nulas todas sus decisiones.

Bajo el liderazgo de Guaidó, el Congreso -de mayoría opositora- declaró a Maduro “usurpador”, después de que asumiera el 10 de enero un segundo mandato considerado ilegítimo por varios gobiernos, y prometió la amnistía a los militares, considerado el sostén del presidente. 

“No te estamos pidiendo que des un golpe de Estado, que dispares. Todo lo contrario, te estamos pidiendo que defiendas junto a nosotros el derecho del pueblo (…) a ser libre”, dijo Guaidó en un mensaje a los militares, difundido la noche del lunes.

El jefe legislativo, quien se ha dicho dispuesto a presidir el gobierno de transición, asegura que el mensaje del Parlamento está calando y que el fugaz alzamiento militar muestra el descontento en la Fuerza Armada.

En medio de la creciente tensión, la Unión Europea apuesta a lanzar en febrero el grupo internacional de contacto que impulsa para buscar una salida negociada a la crisis, anunció la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

– Aministía, la puerta –

Para la experta en temas militares Sebastiana Barráez, la amnistía -que también favorecería a funcionarios civiles- “puso en alerta al poder establecido. Le abre una puerta a aquellos militares que (…) hastiados de lo que sucede al interior de la FANB”, dijo.

Maduro denuncia que está en marcha un “golpe de Estado” de la “derecha”, detrás del cual dice que se encuentran Washington y varios gobiernos latinoamericanos que sostienen que su reelección en mayo de 2018 fue producto de elecciones ilegítimas.

Cuando tomó posesión para su polémico segundo mandado, Maduro recibió la promesa de “lealtad absoluta” de la Fuerza Armada, integrada por unos 365.000 efectivos y 1,6 millones de milicianos civiles.

La FANB, que se dice chavista y antiimperialisa, asegura que está unida. Pero según la ONG Control Ciudadano, unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspirar, unos 10.000 militares pidieron la baja desde 2015 y más de 4.000 desertaron de la Guardia Nacional en 2018.

Dos generales figuran entre los detenidos por un presunto atentado contra Maduro el 4 de agosto, cuando dos drones cargados de explosivos estallaron cerca de una tarima donde encabezaba un acto militar.