Panamá reiteró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su llamado a una transición pacífica y democrática en Venezuela, basada en la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024 y con el acompañamiento del sistema interamericano.
La posición fue presentada por la embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante la OEA, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, en la que se analizaron los recientes acontecimientos en la nación sudamericana. El pronunciamiento es coherente con el mensaje expuesto un día antes por el embajador Eloy Alfaro de Alba ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Delgado subrayó que el gobierno panameño, liderado por el presidente José Raúl Mulino, mantiene un firme compromiso con el multilateralismo, el respeto a la soberanía de los Estados y al derecho internacional, en especial a los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
Panamá expresó su profunda preocupación por la situación venezolana, al advertir que sus efectos trascienden las fronteras nacionales y representan un riesgo para la estabilidad democrática y la seguridad hemisférica. Según la diplomática, en Venezuela persiste el desconocimiento de la voluntad popular y una erosión sostenida de la institucionalidad democrática.
“Durante el último año se ha profundizado el cierre de los espacios políticos y el uso sistemático de prácticas represivas”, señaló Delgado, calificando el escenario como un desenlace lamentable para la democracia regional.
En ese contexto, Panamá fue enfático al afirmar que no reconoce ni reconocerá a un régimen que calificó de autoritario e ilegítimo, y exigió la liberación inmediata de todos los detenidos políticos, incluyendo al ciudadano panameño Olmedo Núñez, quien permanece privado de libertad sin cargos formales ni garantías procesales.
La embajadora advirtió que este caso constituye una violación del derecho internacional, incluyendo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y genera responsabilidad internacional del Estado venezolano frente a Panamá.
Asimismo, Delgado destacó que la crisis política, social y humanitaria en Venezuela ha provocado una migración masiva que afecta directamente a Panamá y a otros países de la región.
Panamá reiteró que la única salida viable es una solución pacífica, democrática y liderada por los propios venezolanos, con el respaldo de la comunidad internacional y organismos como la OEA, respetando plenamente la voluntad expresada en las urnas.
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“Desconocer esa voluntad equivale a normalizar el autoritarismo y socavar el principio fundamental de las elecciones libres como base de la legitimidad democrática”, concluyó.
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