El presidente José Raúl Mulino se refirió a la nueva etapa en la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato ley de concesión fuera publicado en Gaceta Oficial y quedara ejecutoriado.

El mandatario explicó que, tras la decisión judicial, el Órgano Ejecutivo emitió un decreto de ocupación con el fin de garantizar la continuidad de la operación portuaria. Aclaró que la medida no implica una expropiación, sino el uso de los bienes necesarios para mantener en funcionamiento las terminales mientras se define el proceso que regirá las nuevas concesiones.

Mulino indicó que la Autoridad Marítima de Panamá asumió la posesión de las instalaciones en representación del Estado y que su junta directiva autorizó la presentación de contratos de operadores temporales ante el Consejo de Gabinete Extraordinario.

En ese contexto, el Consejo de Gabinete aprobó las contrataciones y la AMP firmó acuerdos con APM Terminals, subsidiaria del grupo MERS, para el puerto de Balboa, y con TIL Panamá, subsidiaria de Mediterranean Shipping Company (MSC), para el puerto de Cristóbal. Los contratos serán enviados a la Contraloría General de la República para su refrendo.

El presidente sostuvo que el proceso fue preparado durante meses ante distintos escenarios jurídicos y afirmó que más de 7,000 trabajadores mantendrán sus puestos, al tiempo que se garantizará la continuidad de los servicios a clientes y proveedores.

Finalmente, Mulino anunció que el Gobierno iniciará una etapa abierta y competitiva para otorgar nuevas concesiones portuarias, una para cada terminal, bajo un esquema que será definido por el Ejecutivo.

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