Un equipo de psiquiatras evaluó ayer jueves al expresidente panameño Ricardo Martinelli para determinar si está en condiciones de afrontar un juicio en su contra por cargos de espiar a opositores a su gobierno (2009-2014).

Martinelli fue trasladado desde la cárcel donde se encuentra detenido a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adscrita al Ministerio Público (fiscalía), en Ciudad de Panamá.

El expresidente fue “llevado a la evaluación” confirmó, a la AFP su vocero, Luis Eduardo Camacho, sin dar más detalles.

Una fuente del Instituto de Medicina Legal dijo a AFP, bajo condición de anonimato, que “en la evaluación estuvieron dos psiquiatras”.

La decisión de examinar a Martinelli fue tomada el pasado martes tras un pedido de su defensa, en la audiencia inicial del juicio contra el expresidente.

El juez que preside el tribunal colegiado que juzga al exmandatario, Roberto Tejeira, ordenó suspender el proceso mientras se realiza el examen psiquiátrico.

Después de la evaluación, el tribunal decidirá la fecha para reanudar el juicio.

“Ese dictamen debe ser enviado ahora a la autoridad petitoria. La decisión es jurídica, pero debe respetar los criterios científicos”, afirmó a la AFP el exdirector del Instituto de Medicina Legal, Humberto Mas.

“Me quieren matar. Me van a condenar sin pruebas porque me quieren joder”, dijo Martinelli, en una breve conversación con periodistas, el martes pasado en la primera audiencia del juicio.

Martinelli es juzgado por presuntamente “pinchar”, entre 2012 y 2014, las comunicaciones de periodistas, sindicalistas, empresarios y miembros de organizaciones civiles.

La fiscalía pidió una pena de 21 años de reclusión para el exmandatario, detenido en la cárcel El Renacer, a orillas del Canal de Panamá.

El exgobernante enfrenta cuatro cargos por delitos de inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad y contra la administración pública.

En el juicio está prevista la presencia de 175 testigos y más de 100 pruebas periciales y documentales.

Martinelli fue extraditado desde Estados Unidos en junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir a la justicia panameña.