AFP – De instalaciones vetustas a informes de inspección “falsificados”: una tormenta de acusaciones por negligencia cae sobre la empresa eléctrica PG&E, vinculada con los letales incendios que azotaron California en 2017 y 2018.

La investigación está lejos de terminar, pero Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ya ha anunciado que a finales de mes se declarará en quiebra, amparada en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, que permite a empresas en problemas financieros a seguir operando normalmente protegida de sus acreedores.

Su acción en bolsa cayó 72% el año pasado.

Este operador con sede en San Francisco, líder del sector en California, está bajo fuerte presión: después de que el incendio “Camp” dejó 86 fallecidos y unos 18.000 edificios arrasados por las llamas en el pueblo de Paradise, tres empresas de seguros introdujeron demandas en contra de PG&E.

Será responsabilizado completamente del incendio si se determina que el estado de su infraestructura o su gestión causó el fuego.

Las indemnizaciones ascienden a miles de millones de dólares.

– “Negligencia criminal” –

Uno de los puntos en los que se enfocará la investigación es un poste de alto voltaje ubicado en el epicentro de Camp, donde la misma PG&E reportó un incidente antes de que comenzara el feroz incendio.

Según reportes, un sujetador defectuoso permitió que una línea de 115.000 voltios entrara en contacto con un poste metálico que causó las chispas que encendieron una vegetación frondosa y sin mantenimiento.

Según documentos proporcionados por el operador a la AFP, esta línea eléctrica, llamada “Caribou Palermo”, entró en servicio en la década de 1920 por la Great Western Power Company, adquirida en 1930 por PG&E.

La empresa aseguró que su mantenimiento es correcto, aunque en 2013, una auditoría independiente detectó varios “problemas de seguridad” de la compañía, haciendo hincapié en la obsolescencia de más de la mitad de las líneas eléctricas, que están hechas de alambres de cobre delgados.

“Es claro que el incendio Camp es el resultado de la indiferencia consciente y deliberada de PG&E hacia la seguridad pública”, dijo el devastado condado de Butte, que también demandó por la falta de mantenimiento cerca de las líneas eléctricas.

John Fiske, un abogado que representa a más de 1.000 víctimas de los incendios, también demandó bajo el mismo argumento, considerando “casi ridículo” que una firma del tamaño de PG&E no tome en serio el problema. “No les pedimos que controlen a la Madre Naturaleza, sólo a su propio equipo”.

El operador ya ha sido condenado en varias oportunidades por sus infracciones. Fue culpado de 739 cargos de “negligencia criminal” por un incendio en 1994, pagando 24 millones de dólares en penalidades.

También perdió, en 1996, una demanda iniciada por Erin Brockovich, que llegó al cine, sobre personas enfermas por una fábrica de gas y electricidad de esta empresa.

– Falsificación de informes –

El regulador de servicios públicos de California, la CPUC, reveló luego que entre 1987 y 1994 PG&E había “desviado 77,6 millones de dólares de su presupuesto de poda para otros usos”, como “aumentar las ganancias corporativas”, según la demanda de Butte.

La infraestructura de gas también se ha visto afectada: el 9 de septiembre de 2010, la explosión de un gasoducto de PG&E en San Bruno dejó un saldo de ocho muertos y 58 heridos. La investigación también reveló graves violaciones por parte de la compañía, que fue penalizada con una multa de 1.600 millones de dólares.

Tras su condena por esta explosión, PG&E ha estado sujeto a un seguimiento judicial desde 2017, como cualquier otro delincuente.

Aunque el juez federal a cargo de este seguimiento, William Aslup, recientemente endureció su tono, denunciando una “falsificación pasiva de los informes de inspección” de PG&E y ordenando a “reinspeccionar toda su red eléctrica”.

“La CPUC no es capaz de supervisar adecuadamente”, fustigó Mindy Spatt de TURN, una organización que ha denunciado por años la gestión de PG&E.

El presidente del ente regulador de hecho admitió, ante representantes electos del estado, que su supervisión se limitaba principalmente al campo económico.

Las líneas eléctricas “son tan largas que no podemos hacer el trabajo de los 37.000 empleados de PG&E”.