La Contraloría General de la República de Panamá salió al paso de las inquietudes sobre la aplicación de licencias sin sueldo por investigación en la Asamblea Nacional de Panamá, señalando que se trata de un mecanismo administrativo y no de una medida sancionatoria.

La aclaración surge luego de los planteamientos realizados por los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duque, quienes solicitaron precisiones sobre este procedimiento.

De acuerdo con la entidad, actualmente solo siete funcionarios mantienen suspensión de pagos, como parte de procesos de verificación iniciados desde marzo. Mientras tanto, el resto del personal ha continuado recibiendo sus salarios de forma regular.

La Contraloría explicó que, a partir de la segunda quincena de abril, la licencia sin sueldo será aplicada formalmente a los funcionarios bajo evaluación, en cumplimiento de lo establecido en el marco legal vigente.

Asimismo, recordó que esta práctica no es nueva y ha sido utilizada anteriormente en distintos despachos legislativos sin distinción política. También enfatizó que las excepciones al registro de asistencia solo pueden ser autorizadas por el presidente y el secretario general del Legislativo.

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La institución reiteró que, una vez concluyan las investigaciones, los casos serán remitidos a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades, destacando que todas sus acciones responden al cumplimiento de la ley y a la protección de los recursos del Estado.

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