La Contraloría General de la República de Panamá salió al paso de los señalamientos de diputados de la Asamblea Nacional de Panamá y rechazó que la suspensión de pagos a funcionarios constituya un acto de “extorsión”.

La entidad aclaró que la decisión responde a su obligación de fiscalizar el uso de los recursos públicos y garantizar que los pagos estén sustentados en el cumplimiento efectivo de funciones, descartando cualquier motivación política.

Según explicó, las acciones se derivan de resoluciones emitidas entre 2025 y 2026, enfocadas en verificar el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos, en apego a la normativa vigente.

Asimismo, indicó que consultó a la Procuraduría de la Administración de Panamá sobre la exoneración del marcaje en la Asamblea, concluyendo que solo el presidente del Legislativo o el secretario general pueden autorizar estas excepciones, condición que no se habría cumplido en algunos casos.

La Contraloría enfatizó que su labor no interfiere en el funcionamiento del órgano legislativo y calificó como infundado vincular los controles administrativos con debates políticos.

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Finalmente, reiteró que continuará ejerciendo sus funciones con firmeza, en defensa del interés público, y adelantó que presentará las denuncias correspondientes ante las instancias competentes.

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