Miembros de la comunidad universitaria solicitaron al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes adoptar medidas inmediatas para proteger los derechos de docentes y administrativos que aseguran estar enfrentando problemas relacionados con la seguridad social y sus compromisos financieros.

El llamado surge ante denuncias de que, aunque continúan aplicándose descuentos en los salarios para préstamos, aportes a la Caja de Seguro Social y otras obligaciones, estos pagos no se estarían reflejando oportunamente en las instituciones correspondientes.

Los trabajadores advierten que esta situación podría traducirse en restricciones para acceder a servicios de salud, afectaciones en el historial crediticio y cargos adicionales por intereses moratorios, pese a que los descuentos ya fueron realizados por la universidad.

En el pronunciamiento también se expresa preocupación por la falta de respuestas públicas de las autoridades universitarias frente a la problemática. Los firmantes consideran que la ausencia de una postura institucional clara incrementa la incertidumbre entre docentes y administrativos.

Además, reconocieron los comunicados emitidos por las facultades de Derecho y Comunicación Social, cuyos integrantes se pronunciaron sobre la situación que atraviesa la universidad, e instaron a otras unidades académicas a sumarse al debate y a la búsqueda de soluciones.

La comunidad universitaria sostiene que la protección de derechos vinculados a la salud, la seguridad social y la estabilidad económica de los trabajadores debe ser una prioridad, especialmente cuando las afectaciones derivan de circunstancias ajenas a los propios empleados.

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El documento concluye con un llamado a reforzar la institucionalidad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con las deducciones efectuadas a los salarios de los trabajadores universitarios.

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