Los taxistas de Madrid empezaron a votar este martes si finalizan o mantienen su huelga indefinida empezada el 21 de enero para exigir una regulación más estricta del sector de las VTC, informaron sus representantes.

“Estamos ahora mismo en las urnas”, señaló a la AFP el secretario de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Santiago Simón Vicente.

Los huelguistas tienen tiempo de votar hasta las 18H00 locales (17H00 GMT) en el aeropuerto de la capital española.

“Solicitamos a los colegas el poder de continuar con la huelga indefinida o de dejarla”, amplió por teléfono el responsable de comunicación del sindicato Elite Taxi Madrid, Guillermo Marquina, según quien “unas 20.000 personas” pueden participar en la votación.

Los representantes del taxi exigen a las autoridades regionales una mayor regulación de los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) como el establecimiento de un tiempo mínimo de precontratación como se acordó previamente en la región de Cataluña (noreste).

Pero hasta ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo con el gobierno regional de Madrid, competente en la materia.

Cumplidos quince días de huelga, “la moral la tenemos alta, la cuenta corriente no”, dijo Raul Horcajada, de la asociación Autotaxi de Madrid, a la televisión pública TVE.

Después de una virulenta huelga de taxistas en Barcelona, el gobierno regional catalán introdujo una nueva normativa ya en vigor que obliga a los usuarios a reservar los VTC con al menos 15 minutos de antelación, ampliable a una hora si las autoridades locales lo permiten, como ocurre en la ciudad de Barcelona.

Además, la ley también impide a las aplicaciones móviles utilizar la geolocalización de sus vehículos y obliga a los conductores a volver a la base después de cada servicio.

Como respuesta a estas restricciones, la plataforma estadounidense Uber y su competencia española Cabify anunciaron el 31 de enero la suspensión de su servicio de reserva de VTC en la segunda ciudad española.

La patronal del sector, Unauto VTC, denuncia que esta legislación conllevará más de 3.000 despidos.