La ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción Jaramillo, junto a su equipo de trabajo se trasladó al distrito de San Catalina o Calovébora en el corregimiento del mismo nombre en la Comarca Ngäbe-Buglé, para brindarle asistencia social a los residentes afectados por los recientes acontecimientos ocurridos en la comunidad de Alto Terrón donde fallecieron siete personas. La ministra se reunió con las autoridades locales para prestar la asistencia social a los afectados y dotarlos de alimentos y otros enseres de primera necesidad.

Un equipo de psicólogos clínicos, sociólogos y trabajadores sociales, acompañó a la titular de la cartera social con el objetivo de ofrecerles asistencia clínica a los familiares afectados y al resto de la comunidad que resultaron afectados por los trágicos incidentes.

El equipo del MIDES fue recibido por el Cacique de la región, Evangelisto Santos, quien agradeció la intervención del Estado y la ayuda que han recibido.

“La comunidad está asustada y temerosa por todo lo que ha sucedido. La visita de las autoridades han brindado paz y tranquilidad a la comunidad. También quiero agradecer la presencia de la Policía Nacional que ha permanecido  en el área con el objetivo de protegernos y cuidarnos”, destacó el Cacique.

Ante los acontecimientos registrados la ministra lamentó la muerte de los infantes y condenó todo acto de violencia que atente contra la integridad física y psicológica de la población, e indicó que el Estado debe garantizar en las comunidades vulnerables programas que promuevan los valores humanos, un factor que promueve la construcción de sociedades cimentadas en principios, donde se pondere la paz social.

Destacó que la libertad de culto no está por encima de la protección y dignidad humana. Ningún grupo puede imponer sus creencias religiosas utilizando la fuerza, intimidación o la manipulación. En ese sentido destacó que existe una necesidad de fortalecer a los líderes comunitarios en la prevención de la violencia en sus diferentes modalidades. Esto permitiría alertar a las autoridades locales de cualquier evento que pudiera afectar a las comunidades.

También indicó que la situación ocurrida es un claro ejemplo de la necesidad que existe de acercar el gobierno a las comunidades y fortalecer la presencia institucional en las áreas apartadas. Este acercamiento ya está en marcha y será una realidad con el Plan Colmena que intervendrá la comunidad de Alto Terrón, donde la incidencia de la pobreza multidimensional afecta al 98.2% de la población (300 habitantes).

Adelantó que se está coordinado con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para establecer una presencia permanente de estas instituciones en la comunidad a fin de garantizar los servicios básicos. También se articulará esfuerzos con la Procuraduría de la Nación y otras entidades públicas para fortalecer las acciones que realizan los sistemas de justicia para combatir la violencia contra las mujeres.

La ministra fue enfática en defender los derechos humanos de los ciudadanos. “Ningún grupo organizado puede vulnerar los derechos de los seres humanos y muchos menos de los niños y niñas”, destacó la titular de la cartera social.

Recordó que el MIDES está actuando diligentemente con la Ley de Primera Infancia, supervisando los centros de Atención Integral de la Primera Infancia y los albergues donde se encuentran los adultos mayores.

“La primera infancia es una población que vamos a proteger y defender de cualquier grupo u organización que vulnere sus derechos”, enfatizó la ministra.

También se refirió al trabajo coordinado que se está desarrollando en la Comarca Ngäbe-Buglé a través de Colmena donde el Estado intervendrá los 70 corregimientos más pobres de la comarca.

La comunidad de Alto Terrón está ubicada en una área de difícil acceso. Los residentes deben caminar más de cinco horas para lograr una cobertura de celular o acceder a una llamada por teléfono público.