El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, afirmó que el traslado de personas privadas de libertad a Isla Coiba forma parte de las estrategias del Estado para reforzar la seguridad, al tiempo que garantiza el respeto de los derechos establecidos en la Constitución y las leyes del país.

El funcionario señaló que las personas recluidas en ese centro penitenciario conservan todas sus garantías legales y rechazó que exista incompatibilidad entre aplicar medidas firmes contra la delincuencia y cumplir con el marco jurídico.

Ábrego sostuvo que las políticas de seguridad deben priorizar la protección de la ciudadanía y de quienes han sido afectados por hechos delictivos, al considerar que el derecho a la seguridad es un principio que también debe ser salvaguardado por el Estado.

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Asimismo, indicó que las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Pública buscan combatir el crimen sin apartarse del debido proceso ni de las normas constitucionales que rigen el sistema de justicia panameño.

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