Unos 19 millones de balboas en mora encontró la nueva administración del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en concepto de depósito de garantía de arrendamiento, informó la jefa de la institución, Inés Samudio, quien afirmó que los arrendatarios y arrendadores estaban solicitando la devolución de ese dinero.

La ministra manifestó que el Buen Gobierno ha trabajado durante estos meses para reducir esta deuda, logrando entregar a sus beneficiarios cerca de 10 millones de balboas, debido a que se cometió el error de ingresar esos fondos a las arcas del Estado, en vez de una cuenta privada.

“Nos encontramos una gran deuda. Hemos honrado estos pagos y vamos a seguir agilizando el proceso. En la administración pasada el sistema contable del Estado cambió; todo lo que entraba en depósito iba a una cuenta común y no se hicieron las excepciones”, dijo.

Samudio aclaró que un depósito de garantía de arrendamiento no es un dinero del Estado panameño, sino que la entidad es custodio; por lo que el error provocó que el arrendatario cuando solicitaba la devolución, lo hacía como si fuera un proveedor del Estado, con los requisitos que la ley establece y se dilataba el proceso.

Igualmente, indicó que no hubo agilidad en los trámites, por lo que se encontraron más de 4 mil expedientes de solicitud de devolución de depósito de garantía estancados en cajetas.

Por otro lado, la titular del Miviot señaló que el formulario del contrato de arrendamiento puede ser descargado vía web, a través de la plataforma Miviot Digital, lanzada oficialmente el pasado 13 de noviembre, lo que desburocratiza y agiliza el proceso, permitiendo transparencia.

Los contratos de arrendamiento, precisó, deben ser registrados ante la entidad, lo cual es obligatorio, atendiendo a la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, que rige esta materia, para que se cumplan las cláusulas del contrato y exista la garantía de devolución del depósito de arrendamiento.

De acuerdo con la Dirección General de Arrendamientos del Miviot, un total de 1,172 contratos, entre habitacionales y comerciales, han sido registrados, entre julio y octubre, como lo establece la Ley 93 de 1973, que rige esta materia.