El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime A. Jované C., presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establece el cierre total y progresivo de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN), proceso que deberá concluir a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa, compuesta por 22 artículos, establece un nuevo esquema para distribuir las funciones que actualmente desarrolla el banco estatal entre el Miviot y la Caja de Ahorros, además de crear nuevas estructuras para administrar los programas y recursos destinados a vivienda de interés social.

Jované, quien presentó el proyecto acompañado por el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, explicó que el cierre comenzará una vez sea promulgada la ley y estará acompañado de un Plan de Transición Institucional, que deberá ser elaborado por un Comité de Transición y aprobado por el Órgano Ejecutivo.

El proyecto establece la creación de un Comité de Transición, integrado por representantes del Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República. Este organismo tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para completar de manera ordenada el cierre del Banco Hipotecario Nacional.

El ministro recalcó que el proceso tendrá un plazo definido y no podrá extenderse después del 31 de diciembre de 2027.

Uno de los principales cambios planteados es la redistribución de las competencias que actualmente están en manos del BHN. El Miviot asumirá las funciones relacionadas con el diseño y rectoría de las políticas de vivienda, subsidios, programas de interés social, planificación y desarrollo de proyectos público-privados, así como la articulación territorial.

Mientras tanto, la Caja de Ahorros asumirá las funciones vinculadas al financiamiento hipotecario, la administración crediticia y la estructuración de productos financieros. Jované aclaró que las carteras del Banco Hipotecario y de la Caja de Ahorros se manejarán por separado y no implicarán una fusión bancaria.

El proyecto también contempla la creación de la Dirección del Fondo de Vivienda Nacional, adscrita al Miviot, que tendrá entre sus responsabilidades coordinar, dirigir y recomendar subsidios para viviendas de interés social.

La nueva dirección también podrá intervenir en mecanismos destinados a cubrir diferenciales de tasas de interés, identificar y registrar terrenos aptos para proyectos habitacionales y adquirir, expropiar, permutar o recibir aportes de tierras.

Además, se plantea la posibilidad de desarrollar proyectos mediante alianzas público-privadas para la construcción de viviendas de interés social. De acuerdo con la propuesta, la participación estatal en estas alianzas no podrá superar el 49%, mientras que los aportes serán canalizados mediante fideicomisos administrados por la Caja de Ahorros.

Otro componente del proyecto establece que el patrimonio del Banco Hipotecario Nacional y sus bienes pasarán a ser bienes de la Nación adscritos al Miviot, con uso exclusivo para proyectos habitacionales de interés social.

La medida incluye propiedades y bienes heredados del antiguo Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (IFHA), creado en 1963, y del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVU), establecido en 1958.

El proyecto también contempla mecanismos para regularizar determinados inmuebles ocupados sin título inscrito. El Miviot podrá adjudicarlos mediante resolución y registrar el saldo pendiente como hipoteca.

En el caso de las viviendas multifamiliares, estas podrán ser inscritas bajo el régimen de Propiedad Horizontal, con trámites gratuitos y sin exigir paz y salvo de inmueble, aseo, agua o alcantarillado.

La propuesta deroga íntegramente la Ley 123 de 2013 y el artículo 21 de la Ley 24 de 2014, y plantea una transformación del modelo institucional mediante el cual el Estado administra programas y financiamiento habitacional.

El Gobierno sostiene que el cierre será progresivo y ordenado, procurando garantizar la continuidad de los servicios a los beneficiarios actuales y establecer nuevos mecanismos financieros e institucionales para atender las necesidades de vivienda.

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El proyecto deberá ahora avanzar en el trámite legislativo correspondiente, donde será analizado y discutido antes de una eventual aprobación por parte de la Asamblea Nacional.

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